Las reiteradas iniciativas de la Autoridad Portuaria la sitúan al margen de las decisiones de los tribunales y del ordenamiento jurídico.
Se hace más necesaria que nunca una nueva declaración de impacto ambiental que justifique social y económicamente los costes ambientales del Puerto de Granadilla
El secretario general de los socialistas tinerfeños, Nacho Viciana, señala que ATI-CC y PP demuestran a diario que ni conocen ni creen en los mecanismos y las garantías del Estado de Derecho. En el último caso, la descatalogación de especies protegidas para la construcción del Puerto de Granadilla, han recurrido a una Ley para soslayar la participación ciudadana y la posibilidad de que pueda ser recurrida. Pero el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha planteado la necesidad de estudiar una cuestión de inconstitucionalidad y que la suspensión cautelar que impide el inicio de las obras sigue vigente.
Nacho Viciana recuerda que el objeto del macroproyecto original del Puerto de Granadilla era sustituir al Puerto de Santa Cruz como puerto comercial de la Isla, desde la falsa premisa de que éste último estaba colapsado, cuando la realidad es que tras las inversiones realizadas en la última década se está ocupando aproximadamente un cuarto de su capacidad (400.000 TEU al año frente al 1.500.000 posibles).
El secretario general del PSOE en Tenerife añade que tras el desmantelamiento del Puerto de Santa Cruz se escondía una gran operación de especulación urbanística a las que nos tienen acostumbrados, para destinar los espacios públicos y recintos portuarios a nuevos negocios, algunos vinculados al mundo del ocio y de la noche, de manera que los inversores sólo tuviera que edificar o acondicionar los espacios y pagar un canon anual.
(... sigue...)
Una vez demostrada la falsedad de la premisa del colapso del Puerto de Santa Cruz, y a propuesta de los socialistas tinerfeños, se tuvo que modificar el Plan Insular de Ordenación para adaptarlo a la realidad de la Isla. Y dada la gran presión de los movimientos ciudadanos, se tuvo que redefinir también el proyecto del Puerto de Granadilla.
Los socialistas tinerfeños hemos apostado siempre por un Puerto en Granadilla con un proyecto adecuadamente dimensionado, y respetando al máximo la legalidad ambiental.
Justo lo contrario de lo que han hecho ATI-CC y PP que han intentado violar por todos los medios esta legalidad ambiental, en este último caso utilizando el poder legislativo del Parlamento de Canarias, con la descatalogación de especies protegidas para dar amparo al proyecto, contraviniendo la normativa medioambiental europea y española.
Así, añade Viciana, tratan de soslayar la posibilidad de la participación ciudadana en el debate y evitar al mismo tiempo que los ciudadanos puedan recurrir la Ley.
En relación con la participación ciudadana ya vimos como ATI-CC y PP rechazaron sin pestañear una iniciativa legislativa popular avalada por 52.000 firmas (cuatro veces más de las que exige la Ley).
Y esta nueva trampa tampoco les ha servido de nada puesto que aunque los ciudadanos no pueden recurrir directamente la Ley sí que pueden pedir al TSJC que plantee una cuestión de inconstitucionalidad, al calor del recurso que se está dilucidando sobre la orden departamental que desprotegía los sebadales.
ATI-CC y PP demuestran a diario que ni creen ni entienden los mecanismos y las garantías del Estado de Derecho y ahora van a tener que aguantar que el TSJC decida si plantea o no una cuestión de inconstitucionalidad frente a la Ley del Parlamento de Canarias.
Lo que está fuera de toda duda es que la suspensión cautelar del inicio de las obras sigue vigente, y resulta incomprensible que la Autoridad Portuaria se coloque con sus continuas iniciativas al margen de las decisiones de los tribunales y del ordenamiento jurídico que todos nos hemos dado. Es una actitud irresponsable, que se coloca en un terreno peligroso, y que debería acarrear una sanción ejemplar.
Los socialistas tinerfeños hemos estado siempre en la posición de defensa del Puerto de Santa Cruz como puerto comercial de la Isla, y en la defensa de la legalidad ambiental.
Por eso consideramos que se hace más necesaria que nunca una nueva declaración de impacto ambiental que justifique social y económicamente los costes ambientales que va a tener el Puerto de Granadilla, y sobre todo para qué tipo de actividades es necesario, su dimensión y demás especificidades. Lo que no puede haber es un Puerto si para ello hace falta incumplir la Ley.
