Las reiteradas iniciativas de la Autoridad Portuaria la sitúan al margen de las decisiones de los tribunales y del ordenamiento jurídico.
Se hace más necesaria que nunca una nueva declaración de impacto ambiental que justifique social y económicamente los costes ambientales del Puerto de Granadilla
El secretario general de los socialistas tinerfeños, Nacho Viciana, señala que ATI-CC y PP demuestran a diario que ni conocen ni creen en los mecanismos y las garantías del Estado de Derecho. En el último caso, la descatalogación de especies protegidas para la construcción del Puerto de Granadilla, han recurrido a una Ley para soslayar la participación ciudadana y la posibilidad de que pueda ser recurrida. Pero el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha planteado la necesidad de estudiar una cuestión de inconstitucionalidad y que la suspensión cautelar que impide el inicio de las obras sigue vigente.
Nacho Viciana recuerda que el objeto del macroproyecto original del Puerto de Granadilla era sustituir al Puerto de Santa Cruz como puerto comercial de la Isla, desde la falsa premisa de que éste último estaba colapsado, cuando la realidad es que tras las inversiones realizadas en la última década se está ocupando aproximadamente un cuarto de su capacidad (400.000 TEU al año frente al 1.500.000 posibles).
El secretario general del PSOE en Tenerife añade que tras el desmantelamiento del Puerto de Santa Cruz se escondía una gran operación de especulación urbanística a las que nos tienen acostumbrados, para destinar los espacios públicos y recintos portuarios a nuevos negocios, algunos vinculados al mundo del ocio y de la noche, de manera que los inversores sólo tuviera que edificar o acondicionar los espacios y pagar un canon anual.
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